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El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario (CNAD), coronel de ejército Álvaro Romero, admitió que "ha sido más lenta de lo esperado" la ayuda para las 113 víctimas de minas antipersonales que hay en el país. "Se podría haber imprimido mayor velocidad en la ayuda. El año pasado se terminó el catastro de víctimas", dijo el coronel Romero, quien se hizo cargo de la comisión este año. Por ello, el Gobierno le puso máxima urgencia al proyecto de ley sobre "minas terrestres, municiones convencionales y explosivos de uso militar", que debería ingresar al Congreso durante este año. El texto preliminar, al que tuvo acceso "El Mercurio", propone un bono único de 7,8 millones de pesos en caso de incapacidad, equivalente al 50% del cuerpo; 5,2 millones de pesos para una invalidez entre el 20 y 49%, y 2,6 millones de pesos para los demás casos. También contempla una pensión de reparación de 102 mil pesos mensuales, y beneficios educativos y habitacionales. Hasta la fecha se han sacado 25 mil 38 minas, y faltan por retirar 98 mil 383, de un área total de 26 millones de metros cuadrados, ubicadas en zonas aisladas, cercadas y señalizadas. Los explosivos se instalaron en la década de los setenta, como elemento defensivo, en las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú. El Ejército y la Armada trabajan en nueve frentes con un presupuesto de cuatro millones de dólares y 180 efectivos para eliminar los explosivos. Texto: Uziel Gómez/ Foto: Felipe Goddar